Vecinos procesados por decir NO a las rejas de Macri
En una burda maniobra legal Oscar Furchi y Maximiliano Verón, serán llevados a juicio los próximos  5, 6 y 7 de Octubre imputados de resistencia a la autoridad y destrucción de la propiedad pública, a causa de su participación en una protesta barrial organizada por los vecinos del barrio San Cristóbal contra el enrejado de la mítica Plaza Martín Fierro.

El viernes 13 de marzo, medio centenar de vecinos de la zona, estudiantes y miembros de la asamblea de la plaza se autoconvocaron para defender un patrimonio cultural histórico del barrio, avasallado por la política de cierre y apropiación de espacios públicos llevada adelante por la gestión macrista. En la actual plaza Martín Fierro funcionaron a principios del siglo XX los Talleres Metalúrgicos Vasena, escenario de una huelga que terminaría en una sangrienta represión obrera. Casi un siglo después, serían otros los que tomarían la posta digna y rebelde de aquellos trabajadores fusilados de la semana trágica, defendiendo a viva voz aquel predio y la porción de identidad popular que late en él. Bajo la consigna “NO a las rejas de Macri” marcharon al CGP más cercano de Sarandí 1263, para entregar a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico predio.  Pero un operativo “cerrojo” de policías de civil y sin identificación interceptó a los vecinos que marchaban de manera pacífica con golpes, gases y carros hidrantes logrando diezmar la protesta.

Mientras la gente se dispersaba cómo podía tres manifestantes fueron apresados, inmovilizados y golpeados con saña. Furchi y Verón, junto a un joven de nombre Jeremías, fueron trasladados a la Comisaría 18, en Av. San Juan 1757, y allí permanecieron demorados por casi seis horas sin que se labraran actuaciones sumariales de la fiscalía, ni del Juez de turno. Pocos meses después, aplicando la doctrina de la Ley Antiterrorista, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, solicitó el procesamiento acusándolos de delitos contravencionales  ante el Juzgado Penal Nº 2, a cargo del Juez Carlos A. Bentolila. Esto podría derivar en una pena de 3 a 5 años por ejercer el derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional.

138, a defender nuestro derecho a manifestar y a repudiar cualquier intento de judicializar la protesta.

Por el cese del cierre de espacios populares y el enrejado de predios y plazas. Por el desprocesamiento de Furchi y Verón, y de los 4.000 compañeros judicializados. Por la resistencia popular ante la escalada represiva de Macri.

Contactos: 156 818 1986 / 155 529 7202