¿La educación es un bien público o una mercadería más? Desde que la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluyó a la enseñanza superior entre los servicios transables, libres de regulación, la pregunta se repite como eje de los debates internacionales sobre el futuro de la universidad. “La mercantilización del conocimiento es un proceso de la realidad que se está implantando en todo el mundo”, planteó Alfredo Pena Vega, coordinador del Observatorio Internacional de Reformas Universitarias (ORUS), una organización no gubernamental que está realizando en Buenos Aires un seminario junto al Ministerio de Educación.
El encuentro, que comenzó el miércoles y concluye hoy, reúne a especialistas en temas universitarios de diversos países para analizar “la internacionalización del conocimiento”. La perspectiva de la red de académicos que integran ORUS sostiene que las nuevas tecnologías de información y comunicación amplían las posibilidades de producir, almacenar y transmitir saberes, así como el intercambio académico, la movilidad estudiantil y los aprendizajes interculturales. Pero, a la vez, la misma revolución tecnológica potencia las tendencias homogeneizadoras de los países centrales, que desde el neoliberalismo presionan por la liberación del comercio, incluyendo allí a la enseñanza como cualquier otro servicio. ¿Los riesgos? La “MacDonalización de la educación”, una amenaza para la diversidad cultural y para las soberanías de los Estados nacionales del tercer mundo.
En su ponencia dentro del seminario, Elie Faroult, miembro de la Comisión Europea, distinguió a la globalización de la mundialización. La primera implica “un proceso social, político y económico, sobre todo, en cuyo seno está la idea de que todo es mercancía”, y excluye la cooperación. En cambio, la mundialización, como proceso antihegemónico, se asienta sobre la igualdad y la justicia en los intercambios, y en la crítica al mercado como su regulador.
“La educación superior debe ser un bien público”, dijo a Página/12 Pena Vega, investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia). Como muestras del avance del mercado en el campo educativo, citó los casos de Brasil y Chile, donde el sector privado ha absorbido el 70 por ciento de la matrícula. “El Estado abandonó su función pública en la educación superior, incluso en países en los que había una importante tradición de universidad pública y gratuita. Si los Estados quieren cambiar este rumbo, es necesario que haya voluntad política. Pero vemos inercias institucionales y también conceptuales.” Los procesos de mercantilización y privatización de la enseñanza –siguió– tienen “un fuerte impacto social, con una desigualdad muy grande. ¿Quiénes pueden pagar un diploma en una universidad privada? Sólo las clases medias y altas. También hay un impacto ético, porque esas universidades no tienen el mínimo interés en producir un conocimiento crítico”.
La alarma se encendió cuando la OMC (un foro de negociaciones que reúne a 144 países, la Argentina entre ellos) aprobó un Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), un conjunto de normas multilaterales que regula los intercambios y libera el acceso de proveedores extranjeros a los mercados de cada nación. En 1998 se incluyó a la educación superior entre los servicios reglamentados y, a fines del 2001, se avanzó en la misma dirección con un nuevo acuerdo. Para tener una idea del negocio: según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en los treinta países altamente industrializados que la integran, el mercado de la educación superior superaba en el 2003 los 30 mil millones de dólares anuales.
Las resistencias a este proceso, surgidas desde la comunidad académica, se han reiterado en Latinoamérica. Sin ir más lejos, hace exactamente tres semanas, los ministros de Educación del Mercosur, más los de Bolivia y Chile, subrayaron su intención de que “la educación no sea incluida entre las ofertas presentadas por los gobiernos en las rondas negociadoras del GATS”.
“Hay una diferencia esencial entre la universidad pública y la privada”, sostuvo ayer José Luis Gurria Gascon, del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (España). “La universidad pública debe ser abierta y pluralista... La esencia de la universidad pública no es el servicio a la empresa. La universidad privada está fundamentalmente dedicada a la empresa y no a la nación. ¿Por qué sigue siendo necesaria la universidad pública en el siglo XXI? –se preguntó–. Por sus roles como sostén de la democracia, como laboratorio para desarrollar el futuro, como pilar de la identidad cultural y como espacio de formación para una ciudadanía crítica.”
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